Garantiza el Congreso estatal defensoría pública para adolescentes

De manera unánime, el Congreso estatal avaló que el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México otorgue el servicio de defensa especializada en materia de justicia penal para adolescentes, en el marco del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, conforme a la iniciativa propuesta por el Ejecutivo estatal que modifica la Ley de Defensoría Pública estatal.

De acuerdo con el dictamen expuesto por el diputado Juan Maccise Naime (PRI), con esta resolución se actualizan diversas disposiciones jurídicas para que este servicio de defensa sea congruente con los cambios legislativos y transformaciones del régimen jurídico del estado, específicamente los vinculados con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con lo que se da certidumbre a la calidad del servicio de defensoría para la población.

Esta reforma precisa que, para el cumplimiento de sus funciones, el Instituto podrá canalizar a las partes en conflicto a las autoridades estatales competentes en mediación, conciliación y justicia restaurativa, a efecto de conciliar intereses en materia civil, mercantil y familiar.

Establece, además, que el Instituto podrá, con cargo a un fondo público, apoyar a los imputados adultos y adolescentes de escasos recursos con el otorgamiento de fianzas de interés social, a efecto de que puedan dar cumplimiento a la garantía económica fijada como medida cautelar por el órgano jurisdiccional.

Para que la defensora o defensor público puedan tramitar una fianza de interés social es necesario que la persona imputada satisfaga los requisitos señalados en la ley.

En términos generales, el Instituto contará con atribuciones para brindar asesoría jurídica y defensa legal en materia administrativa a las y los servidores públicos y particulares para la observancia obligatoria y especialización de instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos en beneficio de la sociedad.

Con esta reforma también se establecen las bases del servicio profesional de carrera y amplía requisitos para desempeñarse en la defensoría pública, como experiencia, exámenes de ingreso y oposición, no padecer alcoholismo y acreditar conocimientos sobre el sistema penal acusatorio.

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