Deudores alimentarios, acosadores y agresores no deben ser servidores públicos

Que no ocupen cargos públicos en el Estado de México las personas con antecedentes de ejercer violencia familiar, por delitos contra la libertad sexual, por violencia de género en cualquiera de sus modalidades o por ser deudores alimentarios o agresores por incumplimiento de obligaciones, planteó a la 60 Legislatura el diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, a nombre del Grupo Parlamentario de morena.

En sesión del Sexto Periodo Ordinario, presidido por la diputada Montserrat Ruíz Páez (morena), el legislador proponente señaló que su iniciativa busca abonar a la lucha a favor de los derechos humanos de las mujeres, implementar nuevas formas de relaciones institucionales, políticas y sociales que se traduzcan en una democracia representativa de manera sustantiva y colocar a los mejores hombres y mujeres en el centro de la responsabilidad pública.

El diputado puntualizó que su propuesta se inscribe en el marco de la realidad social que se vive en el país y en el Estado de México, además de que se vincula con las normas y principios básicos del pensamiento liberal de izquierda, ya que se requiere de una nueva clase política.

La iniciativa, indicó, retoma el trabajo de la organización política Las Constituyentes Feministas, la cual ha encabezado una iniciativa nacional denominada ‘El 3 de 3 de la violencia de género’, en donde se propone como requisito para ocupar cargos de elección popular o para desempeñarse en el servicio público tres puntos básicos: no ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual y no ser agresor por razones de género, las cuales fueron incluidas en su proyecto.

Lo plasmado en la iniciativa incluye a todos los servidores públicos del Estado de México, con especial énfasis en el gobernador; diputados; integrantes de los ayuntamientos; titulares de las dependencias, organismos y entidades del Ejecutivo; el fiscal general de Justicia, e integrantes de las instituciones de seguridad pública.

También incluye a magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia; magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa; el presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; director del Instituto de la Defensoría Pública del Estado; defensores públicos; consejeros y magistrados electorales; contralores, y comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

La propuesta, a la cual se adhirió la legisladora Araceli Casasola Salazar (PRD), fue enviada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Electoral y Desarrollo Democrático y de Procuración y Administración de Justicia, para su análisis y dictamen.

Lo iniciativa considera reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Ley de Seguridad del Estado de México, el Código Electoral del Estado de México, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y la Ley de Defensoría Pública del Estado de México.

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